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El Acuerdo de Escazú

Colombia avanza en medio ambiente con la ratificación del Acuerdo de Escazú. Análisis de experto upetecista

 

Por:  Maribel Barón Cepeda
         UPTC Radio 104.1 FM
         Dirección de Comunicaciones

Docente Juan Neira, de la Escuela de Economía UPTC
Docente Juan Neira, de la Escuela de Economía UPTC

Un gran paso en materia legislativa, medioambiental y de derechos humanos ha dado Colombia con la ratificación del Acuerdo de Escazú: ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’.

Acciones previas como la Cumbre para la Tierra, de Río en 1992 realizada con el objetivo de “producir una agenda amplia y un nuevo plan para la acción internacional sobre cuestiones ambientales”, el Acuerdo de París, cuyo objetivo es “limitar el calentamiento mundial a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales”, derivados de la Agenda siglo XXI, relacionada con el apoyo de iniciativas orientadas a construir un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI, marcaron precedentes de este acuerdo que es único, al incorporar la protección de derechos humanos a líderes y defensores del medio ambiente.

Este acuerdo, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, tardó cuatro años en ser aprobado y es el primer tratado en asuntos ambientales de la región. Si bien es cierto que en forma previa existieron otros como el Protocolo de Kioto, la diferencia radica en que ‘Escazú’, es el primero de América Latina y el Caribe, y, asimismo, el primero del mundo en derechos humanos sobre asuntos ambientales. Además, en el Protocolo de Kioto, derivado de Naciones Unidas, los integrantes tienen una participación mundial, mientras que, en el Acuerdo de Escazú, se convoca a países de la región. Vale la pena destacar que en la actualidad éste último ha sido firmado por 25 países y ratificado por 13 de ellos.

Cabe resaltar que este acuerdo constituye un importante paso, resultado, entre otras, de las intenciones de Río+20: “Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 2012”, cuyo resultado fue el documento “El futuro que queremos”, en el que figuran elementos y recomendaciones para la implementación del desarrollo sostenible.

Por su parte, los países que ya han ratificado el acuerdo deberán desarrollar un articulado sobre cómo se reglamentará este avance jurídico en cada uno de ellos. Es importante recordar también que América Latina tiene compromisos particulares en esta materia dada su riqueza medioambiental y de ‘ecosistemas estratégicos’.

Docente Juan Neira, en UPTC Radio
Docente Juan Neira, en UPTC Radio

Sobre este tema, el profesor Juan Neira, docente de la Escuela de Economía, Doctor en Economía, experto e investigador en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible, ha puntualizado en tres variables fundamentales que caracterizan el Acuerdo de Escazú: 

  1. Información clara, precisa, oportuna e idónea por parte de los agentes que se vean comprometidos en los asuntos ambientales.
  2. Democracia ambiental que permitirá a los pueblos y líderes ambientales la capacidad de manifestarse legalmente sobre decisiones que tengan compromisos ambientales serios.
  3. Participación y justicia ambiental, que darán herramientas jurídicas orientadas a combatir la injusticia e inequidad ambiental y el desconocimiento de los pueblos sobre las decisiones jurídicas que se han tenido.

Adicionalmente el Doctor Juan Neira, expone la importancia de la puesta en marcha del acuerdo en mención, precisando: “Si los pueblos están a favor o en contra de decisiones que comprometan sus activos ambientales, ahora tendrían que ser escuchados y podrían ubicar y utilizar requerimientos legales y por supuesto, en el contexto internacional de Naciones Unidas para hacerse oír. Entonces, todos estos líderes ambientales que han sido desplazados, silenciados, ocultados y violentados en nuestras regiones, tendrían una gran oportunidad de que esos fenómenos no se repitan para América Latina.”

Ahora le corresponde a Colombia entrar a normar la ley sobre el Acuerdo de Escazú y emitir los articulados o decretos reglamentarios sobre cómo se dará. Dentro de los efectos positivos es importante destacar que fenómenos como la obtención de licencias ambientales exprés para extracción minera, no podrían darse de manera acelerada puesto que la información deberá disponerse al alcance de la población en forma abierta de manera que la comunidad directamente implicada, tenga conocimiento sobre ello y acuda a herramientas legales en caso de estar en desacuerdo, evitando así estos tipos de acciones sobre el medio ambiente y los ecosistemas. Además, los líderes ambientales ya no correrían el riesgo de ser ignorados, porque la legislación no lo permitiría.

Si bien es cierto que cualquier ciudadano puede hacer parte de este tipo de derechos ambientales, un mecanismo para cerrar brechas sociales y de inequidad es justamente la participación ciudadana. Igualmente, el Doctor Neira expresó que los países de América Latina trabajarán unidos, puesto que este acuerdo se caracteriza por la cooperación entre las partes en materia ambiental y a su vez permitirá la garantía de espacios de intercambio de información ambiental. Afirmó igualmente que “los páramos ya no se verían amenazados y no se podrán tomar decisiones de manera tan acelerada, antes de que se tomen decisiones jurídicas con validez.”

Resta a la sociedad colombiana permanecer atenta a la forma como se dará el cumplimiento de este acuerdo, vía emisión de decretos reglamentarios que tracen su puesta en marcha. A su vez, comunidades aborígenes, raizales, y líderes encontrarán en el Acuerdo de Escazú, aprobado por Colombia el pasado 26 de julio, una herramienta más para sus luchas con fines ambientales que permitirá tener claridad sobre cada decisión que se tome al respecto.

Información actualizada: 22 de septiembre de 2022 

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